A partir del 1 de enero, los ciudadanos bolivianos que no presenten el certificado de vacunación contra la covid-19, o prueba PCR negativa cuando asistan a eventos sociales masivas y a algunas instalaciones públicas o privadas, serán sentenciados hasta con 10 años de cárcel.
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Quien se encargó de anunciar esta nueva medida fue Jorge Silva, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Asimismo, indicó que esta norma tiene el fin de contrarrestar el avance de la pandemia.
“No es una cosa que salió y el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple. Están poniendo en riesgo no solamente la salud de las otras personas que pueden concurrir no solo a fiestas sino a otro tipo de establecimientos tanto del sector público como el privado”, indicó.
Esto quiere decir que, si una persona no cuenta con su certificado de vacunación o PCR negativo, las autoridades pueden según el código penal detectar, identificar e iniciar un proceso penal y poner en riesgo la “situación legal con una sanción de hasta 10 años de cárcel”, detalló Silva.
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Cabe mencionar que la alternativa de un PCR negativo se debe a que mucha gente elige no vacunarse o que no pueden hacerlo por creencias religiosas o recomendaciones por antecedentes médicos.
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