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Tras los recientes casos de violación sexual a niñas, el Consejo de Ministros aprobó, el último miércoles, el proyecto de ley que plantea la castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. La iniciativa será enviada al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación.

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Ante ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, detalló, en conferencia de prensa, los casos en los que se aplicará la castración química, los cuales son:

• N° 170: Delito de la violación sexual base.
• N° 171: Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.
• N° 172: Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.
• N° 174: Violación de persona bajo autoridad o vigilancia.

Félix Chero remarcó que la medida no alcanza a las personas sentenciadas por los artículos N° 173 (Violación sexual de menor de edad) y N° 173-A debido a que ya contemplan la cadena perpetua.

Cabe mencionar que Chero resaltó que la castración química “será para aquellos delitos con pena determinada porque implica que en un determinado tiempo el condenado egresará del penal y, al hacerlo, la pena accesoria es, justamente, la propuesta del tratamiento médico especializado planteado”.

Por otro lado, detalló que el monto destinado para la aplicación de la castración química será calculado de acuerdo con el número de condenas por violaciones de la libertad sexual.

“Estimamos en promedio, según las dosis que recomienda el Minsa, que es de más de 2 millones de soles, porque las dosis son cada seis meses”, expresó.

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Posiciones en contra de la castración química

Pese a que la medida ha funcionado en Argentina y Colombia, la Defensoría del Pueblo rechazó la propuesta del Gobierno.

A través de un comunicado, la entidad indicó que la castración química “no es una medida eficiente”, ya que, según dijo, “no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”.

Por su parte, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú advirtió que la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres le costaría miles de dólares al Estado, sería solo temporal y no soluciona el problema de fondo.