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El Poder Ejecutivo envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras observar el proyecto de ley que atenta contra la reforma universitaria, aprobada por el parlamento para supuestamente “restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, pero que debilita al ente rector.

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A través del extenso oficio N° 158 -2022 —PRA, se informó que se consideró conveniente observar la ley por las siguientes razones:

• La Autógrafa de Ley es contraproducente para la implementación de esta, pues es imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país.
• La Autógrafa de Ley parte de la suposición errónea de que la Ley N° 30220, Ley Universitaria, supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, cuando, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico) en su artículo 8, en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución.
• La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) —que forma parte del bloque de constitucionalidad— establece que es iniciativa del Poder Ejecutivo la creación y disolución de Organismos Públicos (como lo es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU). Asimismo, establece que todas las entidades públicas deben estar adscritas a un Ministerio.
• La Autógrafa de Ley es contraria al bloque de constitucionalidad, en tanto que mediante ella el Poder Legislativo (i) extingue a la SUNEDU como Organismo Técnico Especializado (OTE). (ii) crea una SUNEDU como una categoría distinta (además de inexistente en la LOPE como lo es un “ente autónomo”) y (iii) retira la adscripción de SUNEDU al MINEDU.
• También vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia.
• En caso se interprete que la Autógrafa de Ley está creando un organismo constitucionalmente autónomo (OCA), tal como señala el Dictamen del Congreso que le sirve de antecedente, estaría yendo en contra del artículo 206 de la Constitución.

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También se indicó que la autógrafa de Ley afecta el “ámbito de actuación de la Sunedu y el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior”.

En tanto, este ya no tendría potestad para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, que quedarían exentas de control de calidad.