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En un documento dirigido a la Corte Superior de Justicia, la parlamentaria de Avanza País manifestó que Rutas de Lima integrada por la empresa canadiense Brookfield, junto con socios institucionales, afectan con este incremento “el derecho a tránsito de los usuarios de Lima”.

En ese sentido, indicó que se pretende “adoptar posiciones de dominio y decisiones” para que los usuarios “no gocen de servicios provenientes de esta con reglas de juego claras y sin afectar el desarrollo de los ciudadanos", infringiendo "la primera parte del artículo 61° y artículo 65° de la Constitución Política del Perú”. 

Amuruz señaló en la acción de amparo que, si bien existe una obligatoriedad por parte de la empresa a informar de manera periódica sobre el reajuste del costo del peaje, “esto no debe ser abusiva al punto de ser considerado como abuso de derecho”.