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En la audiencia, el fiscal provincial Eduardo Alfredo Luna Andaviza argumentó ante el Poder Judicial que en este caso se cumplen los dos requisitos para solicitar esta incorporación: existe relación jurídica de subordinación de los investigados con LAP y Corpac, por ser sus trabajadores, y el presunto delito de homicidio culposo agravado se cometió durante el ejercicio de sus cargos y el cumplimiento de sus deberes.  Asimismo, el representante del Ministerio Público explicó que la finalidad de la medida es asegurar la indemnización efectiva a los familiares de los bomberos aeronáuticos Ángel Torres García, Nicolás André Santa Gadea Morales y Manuel Hugo Villanueva Alarcón, quienes fallecieron como consecuencia de la colisión.  Como se recuerda el 6 de marzo del 2024, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria en contra de cuatro trabajadores de LAP y cinco de Corpac, por los hechos ocurridos el 18 de noviembre del 2022.  Entre ellos, el jefe de rescate de LAP, Paúl Sánchez León; el gerente de seguridad de LAP, Juan Enrique Salas Rivera; el supervisor general, Abraham Vega Mesías; y el supervisor de equipos, Carlos Peña Mendoza (estos dos últimos son bomberos aeronáuticos).   Y por parte de Corpac, el coordinador general de la torre de control, Wilber Ruiz de los Ríos, y los controladores Marcelo Rodríguez Jerí, Juan Diego Izquierdo Escudero, Estrella Alcántara Carty y Reynaldo Bravo Tejada.