El expresidente Martín Vizcarra ha solicitado al Tribunal Constitucional anular su inhabilitación de cinco años impuesta por el Congreso, alegando violación de derechos constitucionales, como el derecho a un tribunal imparcial y la participación en la vida política. Además, el Poder Judicial evalúa anular otra inhabilitación de diez años relacionada con el caso ‘Vacunagate’. Vizcarra argumenta que el Congreso no consideró adecuadamente las pruebas presentadas. El documento, al que El Comercio tuvo acceso, detalla que ninguno de los derechos invocados pretende revalorar el material probatorio del procedimiento parlamentario, sino que se centran en la afectación de la debida motivación y la imparcialidad del proceso. La Procuraduría General del Estado ha solicitado a la Fiscalía de la Nación la reapertura de la investigación preliminar seguida al exmandatario y otros por una supuesta concertación con empresas particulares para la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 y la emisión de normas para poder incluirlas dentro de la política de salud del Estado. En efecto, mediante un comunicado en redes sociales, la Procuraduría General del Estado informó que pidió el “reexamen de los actuados, en virtud de 9 elementos de convicción, y que, en consecuencia, se disponga la reapertura de la investigación contra el señor Martín Vizcarra, en su calidad de expresidente, por la presunta comisión del delito de colusión y, de manera alternativa, de negociación incompatible”.
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