Durante la lectura de la resolución, el juez Zuñiga sostuvo que concurrían todos los presupuestos para declarar fundado el pedido del Ministerio Público.
Estimó que existía el peligro de fuga, además de la falta de arraigo, las facilidades que tendría para abandonar el país, y la alta pena que solicita la Fiscalía para el imputado.
Se sabe que el expresidente enfrenta otro proceso judicial por el que cumple prisión preventiva y que resultaba lógico llegar a la conclusión que se cumplían todos los presupuestos para dictar la misma medida en este caso.
Mencionó también que la declaración de un colaborador eficaz ha permitido identificar la ruta de dinero desde el momento inicial de los pagos ilícitos por Odebrecht y Camargo a favor de Toledo.
"Por consiguiente estimamos que existen fundados y graves elementos de convicción", afirmó.
Desde el 2023 el exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
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