El exregidor de Lima, Víctor Aguilar, denunció un posible conflicto de intereses en el proyecto del tren Lima-Chosica, al señalar que la concesión del Ferrocarril Central Andino, a cargo del empresario Juan de Dios Olaechea, otorga a la misma empresa la potestad de elegir al operador ferroviario. Según Aguilar, esto convierte a la empresa en juez y parte, lo que podría beneficiar a intereses privados por encima del bienestar ciudadano.
“Esta concesión de la ruta Lima-Chosica no parece ser autosostenible con el cobro de pasajes, lo que implicaría subsidios con dinero público. Esto no sería problemático si no se tratara de un proyecto que parece dirigido desde el inicio, con decisiones que benefician a la empresa concesionaria”, sostuvo Aguilar. Asimismo, cuestionó la falta de claridad sobre quién asumiría el subsidio y por qué el Ministerio de Economía no ha emitido ninguna autorización al respecto.
En el programa La Encerrona, se revelaron documentos que vinculan a Olaechea como negociador directo de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, un rol que habría asumido por encargo de la Municipalidad de Lima. Además, se mostró que las empresas de Olaechea y el alcalde Rafael López Aliaga tienen vínculos comerciales desde 1999, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en este proceso.
El urbanista Aldo Facho también expresó críticas, recordando que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), organismo encargado de gestionar el transporte en Lima y Callao, no participó en el proceso de donación ni ha emitido opinión sobre el proyecto. Facho señaló que el tren Lima-Chosica requerirá obras adicionales, como la construcción de una segunda vía y pasos a desnivel, cuyos costos aún no han sido esclarecidos.
Otro punto de controversia es la proximidad de la Línea 2 del Metro, que cubrirá una ruta similar con capacidad para atender a 600 mil usuarios diarios. Facho cuestionó la viabilidad del tren Lima-Chosica, que operará en zonas menos densamente pobladas y con menor demanda. Además, advirtió sobre el impacto ambiental de los trenes a diésel donados, considerando la mala calidad del aire en Lima.
Por su parte, el abogado Luis Durán Rojo subrayó que la Municipalidad de Lima no tiene competencias sobre la vía férrea entre Callao y Junín, lo que plantea dudas sobre cómo se implementará el proyecto. “¿Es esto realmente un beneficio para la ciudadanía o una jugada estratégica para favorecer a la empresa concesionaria?”, concluyó Durán.
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