La crítica situación del Sistema Nacional Penitenciario en Perú alcanzó un punto de quiebre. El Gobierno emitió el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS, declarando en emergencia el sistema carcelario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un período de 24 meses. La medida busca afrontar el déficit de capacidad de albergue y mejorar las condiciones para la resocialización de las personas privadas de libertad.
Actualmente, los 69 establecimientos penitenciarios del país albergan a más de 98,000 internos, a pesar de estar diseñados para una capacidad máxima de 41,556 personas. Este panorama refleja una sobrepoblación del 136%, que impacta gravemente en la calidad de vida de los internos y en la eficacia de los procesos de rehabilitación.
Como parte del plan de emergencia, el Ministerio de Justicia deberá, en un plazo de 45 días hábiles, aprobar una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria. Este documento será clave para implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030, enfocada en la rehabilitación y reinserción social de los internos.
El decreto subraya la urgencia de gestionar recursos y ejecutar proyectos que descongestionen los penales. Además, destaca que la sobrepoblación no solo afecta a los internos, sino también al personal penitenciario, cuya capacidad operativa se ve rebasada frente al número de reclusos.
Esta declaratoria de emergencia evidencia la necesidad de repensar el enfoque del sistema penitenciario en el país, priorizando soluciones estructurales que no solo alivien el hacinamiento, sino que también refuercen programas educativos, laborales y psicológicos para los reclusos. Con ello, se espera que el sistema pueda transitar hacia una verdadera función resocializadora.
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