La fiscal suspendida Elizabeth Peralta, involucrada en el caso de tráfico de influencias conocido como “Caso Chibolín”, decidió entrar en la clandestinidad tras el fallo del Poder Judicial que dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Según su abogado, Benji Espinoza, la magistrada considera arbitraria esta medida y ejerce lo que define como su derecho a resistir la detención.
El Poder Judicial emitió la orden de captura luego de que la Corte Suprema resolviera a favor de la prisión preventiva, revocando el mandato de comparecencia que inicialmente se le había otorgado en octubre. Este fallo fue posible gracias al voto dirimente del juez Gustavo Álvarez Trujillo, tras un empate en las deliberaciones.
Elizabeth Peralta es investigada por supuestamente haber favorecido al empresario minero Javier Miu Lei en la devolución de lingotes de oro, en el contexto de una trama de tráfico de influencias y cohecho pasivo. Aunque su abogado aseguró inicialmente que se estaba coordinando la entrega de su patrocinada, la fiscal optó por no acatar la medida judicial.
El abogado defensor de Peralta, Benji Espinoza, ha anunciado que presentará un hábeas corpus para intentar anular la prisión preventiva. Sin embargo, la resolución judicial establece que la fiscal debe afrontar la investigación en detención preventiva, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga.
La situación de Peralta complica aún más el panorama del caso, que también involucra al animador de televisión Andrés Hurtado. Mientras tanto, las autoridades han intensificado las acciones para dar con su paradero y ejecutar la orden de captura.
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