El Congreso de la República aprobó con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, el proyecto de Ley 9733 que restituye la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Esta medida modifica el numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) y fue exonerada de una segunda votación.
La norma establece que los jueces podrán ordenar detenciones preliminares, siempre que existan elementos razonables para sospechar que la persona investigada cometió un delito con pena privativa de libertad superior a cuatro años, aunque no haya sido sorprendida en flagrancia. Esta decisión busca fortalecer el proceso de investigación penal en casos graves.
Según la propuesta aprobada, el juez de la investigación preparatoria emitirá una resolución debidamente motivada, a solicitud del fiscal, cuando se presenten indicios de fuga o riesgo de obstrucción a la justicia. Esta figura busca garantizar que las investigaciones puedan avanzar sin interferencias y con las herramientas necesarias para combatir la criminalidad.
Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, defendió la norma, subrayando que representa un consenso multipartidario para fortalecer el sistema de justicia. Ruth Luque también destacó el acuerdo de las bancadas como un paso importante para enfrentar la inseguridad en el país.
El debate estuvo marcado por el cambio de postura de algunos congresistas, como Maricarmen Alva y Alejandro Muñante, quienes inicialmente apoyaron la eliminación de la detención preliminar en junio pasado. Sin embargo, en esta ocasión votaron a favor de restituirla, reconociendo la necesidad de dotar al sistema de justicia de herramientas más eficaces frente al crimen organizado.
La medida ha generado diversas opiniones entre expertos y ciudadanos, quienes consideran que su implementación efectiva dependerá de la correcta aplicación por parte de jueces y fiscales. Este cambio, según sus defensores, será clave para garantizar la investigación de delitos graves y reducir los índices de impunidad en el país.
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