Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continúa prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre, cuando se le dictaron 36 meses de prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la Sombra”. Pese a la gravedad del caso y a la orden judicial, su nombre no ha sido incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, lo que ha generado una ola de cuestionamientos.
Para el exdirector general de la Policía Nacional, general (r) Eduardo Pérez Rocha, esta omisión responde a intereses políticos que prevalecen en el Ministerio del Interior. “Debe existir uniformidad en los criterios de cumplimiento de las órdenes judiciales. En otros casos similares se activa el programa de recompensas, pero aquí parece haber consideraciones políticas”, señaló el exoficial.
El programa, presidido por el viceministro de Orden Interno, ha sido criticado por no aplicar los mismos estándares que en otros casos de prófugos relacionados con organizaciones criminales. Según Pérez Rocha, el expediente de Nicanor Boluarte incluye pruebas que lo vinculan con tráfico de influencias y la captación ilegal de fondos mediante el nombramiento de prefectos y subprefectos, elementos que justifican su inclusión en el sistema de recompensas.
El caso de Nicanor Boluarte se agrava por las sospechas de protección política. Según una reciente encuesta de Ipsos, el 85 ? los peruanos cree que la presidenta Dina Boluarte protege a su hermano, una percepción que debilita aún más su ya golpeada popularidad.
Aunque Dina Boluarte ha señalado públicamente que no encubre actos de corrupción, no ha ofrecido pronunciamientos específicos sobre el caso de su hermano. Sus declaraciones genéricas, como “yo no tapo la corrupción”, no han sido suficientes para disipar las dudas en torno a la gestión del caso por parte del Ejecutivo y el Ministerio del Interior.
Para analistas políticos, el manejo de este caso recuerda el tratamiento recibido por Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, cuyo paradero también estuvo en duda por largos periodos pese a las órdenes judiciales. Esta percepción de impunidad alimenta la desconfianza hacia las instituciones del Estado.
El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por llevar casos emblemáticos de corrupción, fue quien dictó los 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, medida que respalda la gravedad de las acusaciones en su contra. Sin embargo, la falta de acciones contundentes para capturarlo sigue alimentando las críticas hacia el gobierno.
El tiempo sigue corriendo y el paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo un misterio. Mientras tanto, el silencio de la presidenta y la inacción del Ministerio del Interior dejan en el aire la pregunta: ¿es este otro caso donde la política interfiere con la justicia?
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