El Gobierno de Dina Boluarte destinó 21 millones de soles para reforzar la seguridad en 14 distritos declarados en estado de emergencia. No obstante, los alcaldes solo tienen hasta fin de año para ejecutar el presupuesto, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de aprovechar estos recursos en tan poco tiempo.
Uno de los distritos beneficiados, San Juan de Lurigancho, recibió más de 1 millón 900 mil soles. Sin embargo, su alcalde, Jesús Maldonado, advirtió que los feriados por Navidad y Año Nuevo complican aún más la tarea de adquirir los bienes y servicios necesarios, como equipamiento policial. Maldonado lamentó que, con el plazo tan reducido, deban “hacer magia” para cumplir con las expectativas del Ejecutivo.
Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia, reconoció que el presupuesto es positivo para su comunidad, pero lo calificó como un "presupuesto de emergencia". Su distrito necesita camionetas para patrullaje, pero el tiempo disponible no permite atender las demandas principales de su jurisdicción de manera adecuada.
En una situación similar, Rennan Espinoza, burgomaestre de Puente Piedra, indicó que el Ministerio del Interior recién les informó sobre la compra de armas. Espinoza criticó la constante entrega de fondos significativos con plazos extremadamente cortos, calificándola como una práctica repetitiva que perjudica la ejecución eficiente de los recursos.
El caso de San Martín de Porres resalta el problema. En 2023, tras ser declarado en emergencia, su presupuesto llegó con dos meses de retraso, lo que imposibilitó ejecutar el plan de patrullaje. Su alcalde rechazó el nuevo monto asignado, asegurando que no es viable trabajar bajo estas condiciones.
Por su parte, Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac, reconoció que las limitaciones de tiempo afectan directamente la seguridad de los vecinos. Detalló que solo utilizará el presupuesto para compras inmediatas y postergará la contratación de servicios hasta el próximo año.
Así, los 21 millones de soles destinados a seguridad enfrentan un uso cuestionado debido a la falta de planificación del Ejecutivo, dejando a los alcaldes en una situación compleja para atender las urgentes necesidades de sus distritos.
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