La fiscal suprema, Delia Espinoza, ha ordenado la comparecencia de la presidenta Dina Boluarte ante el Ministerio Público el próximo 15 de enero a las 9:00 a. m. Esto se debe a la investigación preliminar que la involucra en el caso Cofre, donde se le acusa de encubrir al prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
Por medio de una resolución, el Ministerio Público ha declarado la investigación como compleja, lo que implica un proceso más riguroso y prolongado. Se ha establecido que la indagación tendrá una duración de ocho meses, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.
Boluarte deberá presentarse ante la fiscalía acompañada de su defensa legal en la sede de la avenida Abancay. Además, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también ha sido citado por su supuesta implicación en el caso, específicamente por un delito relacionado con la administración pública.
Otros funcionarios que deberán comparecer son el exprimer ministro Alberto Otárola, Gabriel Gustavo Herrera, representante de la Junta de Propietarios del condominio Mikonos, y Félix Montalvo, chofer del vehículo presidencial. Todos ellos están convocados a declarar como testigos en una investigación que gira en torno a la mandataria y Cerrón.
Durante la audiencia, Santiváñez se someterá a una prueba pericial de voz, la cual se comparará con grabaciones filtradas en las que, supuestamente, se le escucha intercambiando información del caso con un miembro de la policía. También se revisarán los registros de entrada y salida del condominio Mikonos, donde se sospecha que Boluarte y Cerrón se encontraron.
A pesar de las acusaciones, Boluarte ha manifestado en varias ocasiones que no estuvo en el condominio Mikonos, defendiendo su postura ante las acusaciones mediáticas que, según ella, buscan socavar su gestión. La presidenta ha denunciado un "acoso constante" y ha calificado las afirmaciones en su contra como intentos de desestabilizar su gobierno.
En su último mensaje a la nación, Boluarte criticó al Ministerio Público por aceptar "escenarios hipotéticos" que, a su juicio, comprometen la seguridad jurídica y generan gastos innecesarios al Estado. Reiteró su disposición a colaborar, aunque expresó su descontento por la atención que se ha dado a rumores en lugar de su versión de los hechos.
La situación en torno al caso Cofre continúa desarrollándose, con la atención de la opinión pública centrada en las próximas declaraciones de la presidenta y los otros implicados. La investigación promete arrojar más luz sobre las acusaciones de encubrimiento y la relación entre Boluarte y Cerrón.
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