Un reciente informe de la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N ha revelado que congresistas peruanos gastaron más de S/ 6,300 en pasajes aéreos para asistir al cumpleaños del legislador Diego Bazán en Trujillo. La celebración, que tuvo lugar en febrero de 2023, ha suscitado un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos.
Las imágenes de la fiesta de cumpleaños número 32 de Bazán, donde estuvieron presentes otros parlamentarios como Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga y Jorge Zeballos, emergieron en su momento, generando controversia. Todos los involucrados han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía.
El Ministerio Público sostiene que, durante el 2023, el Congreso desembolsó un total de 1,652.39 dólares (equivalente a S/ 6,376.61 al tipo de cambio de entonces) que fueron utilizados indebidamente para la compra de pasajes aéreos. Estos fondos, según la acusación, no se destinaron a actividades oficiales, sino a una celebración personal.
Las investigaciones han puesto de manifiesto que varios de los congresistas que viajaron a Trujillo no representan a esa región. De hecho, María del Carmen Alva y Edward Málaga fueron elegidos por Lima, Patricia Chirinos por Callao y Jorge Zeballos por peruanos en el extranjero, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad del viaje.
Los costos de los pasajes para cada congresista fueron los siguientes: Kira Alcarraz (253.71 dólares), María del Carmen Alva (253.71 dólares), Diego Bazán (con dos tiquetes a 253.71 dólares cada uno), Patricia Chirinos (253.71 dólares), Edward Málaga (253.71 dólares) y Jorge Zeballos (253.71 dólares). Rosángella Barbarán también tenía un pasaje, pero no viajó.
Bazán justificó uno de sus pasajes alegando que recibió información sobre una sesión de pleno el 10 de febrero, lo que lo llevó a reprogramar su vuelo. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que las justificaciones presentadas por los legisladores son insuficientes y que lo buscaban era legitimar su presencia en Trujillo.
El delito de peculado doloso, bajo el cual se les investiga, conlleva penas de prisión de entre cuatro y ocho años, así como inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios.
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