El documento propone que Vizcarra sea apartado de la vida política durante 10 años, mientras que los exjefes del Consejo de Ministros enfrentarían una inhabilitación de 5 años. La medida responde a la disolución del Congreso en septiembre de 2019 y la posterior convocatoria a elecciones.
Según el informe, se les atribuye una presunta infracción a la Constitución peruana por sus decisiones durante la crisis política de ese año. Ventura, miembro de Fuerza Popular, lidera este proceso de acusación constitucional.
El caso será debatido este 14 de enero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña, donde se decidirá si el informe avanza a las siguientes etapas.
De aprobarse, esta sanción podría sentar un precedente inédito en la política peruana y mantener fuera de la arena pública a figuras clave de un periodo convulso.
La polémica está servida, y el desenlace podría reavivar tensiones políticas en un contexto ya marcado por la incertidumbre.
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