El Poder Judicial ha decidido revocar la orden de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien era investigado por presuntamente liderar la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Esta resolución, que deja a Boluarte sin restricciones legales, ha despertado críticas y dudas sobre el alcance de las recientes reformas en materia penal y su influencia en los casos de corrupción de alto perfil.
El abogado Andy Carrión y el exfiscal anticorrupción Martín Salas analizaron los efectos de esta medida. Según ambos especialistas, la decisión no solo permite a Nicanor Boluarte moverse libremente dentro del país, sino también viajar al extranjero sin ninguna limitación. “Desde que la Sala aceptó las apelaciones, él tiene plena libertad de movimiento. Esto incluye salir del país, lo cual, en casos de investigación criminal, resulta inusual”, afirmó Carrión en una entrevista para un medio local.
La decisión judicial se fundamenta en la reciente derogación de la detención preliminar, aprobada por el Congreso. Según Carrión, esta norma fue ignorada inicialmente por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien había ordenado la prisión preventiva. Sin embargo, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional corrigió esta postura, argumentando que los jueces deben aplicar la ley vigente, incluso si no están de acuerdo con ella. Este principio, reafirmado por un fallo de la Corte Suprema, establece que los jueces deben remitir cualquier duda de constitucionalidad a instancias superiores, en lugar de tomar decisiones contrarias a la legislación.
Aunque la Fiscalía podría solicitar nuevamente la prisión preventiva, el estándar impuesto por la Sala de Apelaciones complica este camino. Según Carrión, la Fiscalía deberá demostrar que el caso cumple con los requisitos establecidos en la normativa actual, lo cual podría ser difícil bajo las nuevas reglas que limitan la detención preliminar para delitos de no flagrancia. Esta situación, sumada al vínculo directo del investigado con la presidenta de la República, plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la aplicación de la justicia.
Las reformas legales que favorecen a Boluarte también han impactado otros casos emblemáticos. Carrión citó el precedente de Geiner Alvarado y el fallo que benefició a Ludi Orellana, quien fue absuelta debido a que los delitos imputados no superaban los cinco años de pena privativa de libertad. Según el abogado, estas decisiones revelan una tendencia preocupante: las nuevas leyes están debilitando las herramientas de la Fiscalía para combatir el crimen organizado.
El caso Nicanor Boluarte no solo expone los vacíos legales creados por las reformas recientes, sino también el riesgo de que estas normas se utilicen para favorecer a investigados de alto perfil. Mientras tanto, los expertos advierten que, si la Fiscalía no replantea su estrategia, las decisiones judiciales podrían seguir beneficiando a quienes enfrentan graves acusaciones, dejando en entredicho la eficacia del sistema judicial peruano en la lucha contra la corrupción.El Gobierno decidió observar la ley que restablece la figura de la detención preliminar para casos de no flagrancia. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la norma fue devuelta al Congreso con una serie de observaciones que aún no se han detallado públicamente.
La autógrafa había sido remitida al Ejecutivo el pasado 16 de diciembre, y el anuncio se hizo al filo del plazo final. Según el reglamento parlamentario, el documento deberá ser revisado nuevamente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Aunque el Congreso tiene la opción de convocar sesiones extraordinarias para abordar las observaciones, también podría postergar el debate hasta el inicio de la legislatura en marzo. La Comisión Permanente, por su parte, podría insistir en la promulgación sin cambios.
Horas después del anuncio del Ejecutivo, el Parlamento aclaró que, hasta las 6:18 p.m., no había recibido las observaciones de la ley, lo que deja incertidumbre sobre los próximos pasos en este proceso legislativo.
El desenlace de esta discusión marcará el futuro de una figura legal clave en el Código Procesal Penal.
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