La Minera Poderosa, ubicada en Pataz, La Libertad, enfrenta un nuevo atentado atribuido a mineros ilegales, quienes habrían dinamitado una torre de alta tensión apenas cuatro días después de un ataque similar. Este hecho, ocurrido en pleno estado de emergencia, evidencia el avance imparable de la minería ilegal y la falta de control en la región, según denunció Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa.
El ataque, que podría haber afectado hasta dos torres de alta tensión, fue calificado por De la Flor como un acto deliberado para perjudicar las operaciones de la compañía. “Es evidente que el propósito es desestabilizar nuestras actividades. Esto no solo afecta a la empresa, sino también a toda la región que depende de nuestras operaciones”, afirmó en una entrevista con RPP. La restauración del suministro eléctrico fue posible gracias al plan de contingencia implementado por la minera.
A pesar de la presencia policial en la zona, el atentado pone en entredicho la eficacia de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia. De la Flor enfatizó la dificultad de custodiar un área tan extensa como Pataz, pero también cuestionó la falta de acciones contundentes contra la minería ilegal. “Este es un llamado a reflexionar sobre el avance devastador de esta actividad, que ya no solo pone en riesgo nuestras operaciones, sino también la seguridad de la población y el medio ambiente”, declaró.
El problema, según la minera, se ve agravado por el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que, según De la Flor, protege a los mineros ilegales bajo el pretexto de un proceso de formalización. Criticó duramente la reciente decisión del Congreso de extender por seis meses más el plazo para este proceso, señalando que solo ha servido para fortalecer a quienes operan fuera de la ley. “Si no tomamos medidas drásticas ahora, lamentaremos las consecuencias irreparables en el futuro”, advirtió.
En los últimos años, la minera ha registrado un total de 15 torres de alta tensión dinamitadas y la trágica pérdida de 18 trabajadores en incidentes relacionados con incursiones violentas de mineros ilegales. Este segundo atentado en menos de una semana subraya la gravedad de la situación en Pataz, donde la minería ilegal sigue representando una amenaza para la seguridad, la economía y el desarrollo sostenible de la región.
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