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La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó el inicio de una ofensiva sin precedentes contra la inmigración irregular. Durante su primera semana en el cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó la detención de 2,382 inmigrantes indocumentados y la emisión de 1,797 órdenes de captura. Las cifras diarias alcanzaron un récord el pasado domingo, con 965 detenciones y 554 órdenes de deportación en un solo día, un reflejo del endurecimiento prometido por Trump durante su campaña electoral.  

El Departamento de Seguridad Nacional ha autorizado operativos en lugares tradicionalmente considerados seguros, como escuelas e iglesias, ampliando el alcance de las redadas. Además, el gobierno ha comenzado a utilizar aviones militares para repatriar a personas sin estatus legal, en lo que se perfila como la mayor campaña de deportación en la historia del país. Estas medidas tienen como objetivo acelerar los procesos y maximizar el número de deportaciones.  

Desde el 23 de enero, ICE publica diariamente las cifras de arrestos y órdenes de detención. En los primeros días de operativos, se reportaron cientos de detenciones, como las 286 del 25 de enero y las 593 del 24 de enero, además de más de 1,200 órdenes de captura en el mismo periodo. Según ICE, estas detenciones se basan en "causa probable" de que los individuos arrestados son deportables bajo la ley federal de inmigración.  

La administración Trump también ha reforzado la presencia militar en la frontera con México y suspendido la admisión de refugiados, completando un paquete de medidas que priorizan los intereses nacionales sobre las necesidades humanitarias. Trump ha calificado estas acciones como esenciales para proteger la seguridad del país y cumplir con el mandato de su política “Estados Unidos Primero”.  

Estas acciones han generado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, activistas y líderes religiosos. La autorización para realizar arrestos en escuelas e iglesias ha sido especialmente controvertida, violando normas no escritas que en el pasado brindaban cierta protección a los inmigrantes. Los detractores advierten que esta política amenaza el tejido social del país, mientras que sus defensores aplauden el enfoque rígido para combatir la inmigración irregular.