La decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de archivar la denuncia constitucional contra su antecesor, Pablo Sánchez, ha generado controversia y sospechas sobre un posible encubrimiento. Pese a la existencia de pruebas y testimonios que señalan injerencia en un allanamiento a IDL-Reporteros, Espinoza cerró la investigación sin profundizar en los hechos.
Uno de los aspectos más cuestionados es que el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien inicialmente tuvo el caso, sí consideró que había mérito para investigar a Sánchez. Sin embargo, su informe fue ignorado en la decisión final de Espinoza, lo que refuerza las críticas sobre un posible blindaje al exfiscal.
La polémica se intensificó con la revelación de un documento en el que se detalla que Sánchez habría ejercido presión sobre el fiscal provincial Rodrigo Rurush para detener la diligencia en IDL-Reporteros. Según la transcripción de la conversación, Sánchez le ordenó suspender la intervención bajo amenaza de consecuencias, y la respuesta de Rurush, “Lo que usted disponga”, fue eliminada del informe oficial.
Además, Espinoza habría omitido tomar en cuenta declaraciones clave, como la de la secretaria de Sánchez, quien facilitó la comunicación con Rurush. También se dejó fuera la versión de otros fiscales presentes en la diligencia, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso de archivo.
Finalmente, se ha señalado que el archivamiento podría estar vinculado a un supuesto intercambio de favores, ya que Sánchez habría apoyado la elección de Espinoza como fiscal de la Nación a cambio de no ser investigado. Esto ha llevado a que se presente una denuncia constitucional contra Espinoza por presunta infracción a la Constitución, cohecho y encubrimiento personal.
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