En medio de la creciente ola de violencia en el país, la presidenta Dina Boluarte anunció que evalúa seriamente la aplicación de la pena de muerte como respuesta a la criminalidad. Sus declaraciones se dieron tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta ‘Armonía 10’, ocurrido en San Juan de Lurigancho, luego de que el bus de la agrupación fuera atacado a balazos.
Durante la inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, la mandataria se refirió a los responsables del crimen con duras palabras. “Lo digo a viva voz: a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que trabajan y se esfuerzan por su futuro”, declaró.
Boluarte enfatizó que su gobierno no permitirá “una muerte más” y reiteró su intención de analizar la posibilidad de endurecer las penas contra los criminales. “Estoy pensando firmemente en la pena de muerte porque no vamos a permitir un muerto más, de un peruano o una peruana que honestamente trabaja”, afirmó.
El debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú no es nuevo, pero su implementación chocaría con compromisos internacionales del país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe su uso en Estados donde ya ha sido abolida. A pesar de esto, la mandataria no descartó seguir explorando alternativas legales para su aplicación.
Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, advirtió que la situación de violencia actual podría considerarse como un tipo de “terrorismo urbano” y sostuvo que el combate contra el crimen debe ser un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía.
Quero también respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante la moción de censura en su contra. En ese sentido, exhortó al Congreso a permitirle explicar las estrategias de su sector antes de tomar cualquier decisión sobre su permanencia en el cargo.
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