Durante un evento público, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó una polémica propuesta que ha generado debate: hasta 20 años de cárcel para los gerentes de empresas de telefonía que no implementen mecanismos eficaces para bloquear celulares robados. La medida busca frenar el alarmante incremento de robos de dispositivos móviles en la capital peruana.
López Aliaga sostuvo que las empresas de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de colaborar activamente en la lucha contra la delincuencia. En su opinión, la falta de acciones contundentes por parte de estas compañías permite que el mercado negro de celulares robados continúe operando con impunidad.
Además, el alcalde criticó duramente al Ministerio del Interior por la escasa asignación de recursos destinados a la seguridad ciudadana. Según afirmó, los municipios terminan asumiendo responsabilidades que deberían ser competencia del Gobierno central.
“Nos dan un presupuesto mínimo y pretenden que los alcaldes resolvamos una situación nacional. La seguridad es un deber del Estado, y no se está cumpliendo”, manifestó López Aliaga durante su intervención, visiblemente molesto.
También aprovechó la ocasión para arremeter contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Recalcó que su gobierno ha demostrado una falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad y el resguardo del orden público.
La propuesta de López Aliaga, aunque controversial, ha encontrado eco entre algunos ciudadanos que exigen medidas drásticas frente a la inseguridad. Sin embargo, especialistas advierten que una legislación de este tipo requeriría un debate profundo sobre la responsabilidad penal corporativa y el rol del Estado en la prevención del delito.
Copyright © Copyright 2021