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El gobierno de Dina Boluarte oficializó una controvertida norma que amplía el marco legal para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dentro del territorio nacional. La ley modifica el Decreto Legislativo 1095, permitiendo que los militares apoyen a la Policía Nacional en diversas situaciones, como lucha contra el terrorismo, minería ilegal, narcotráfico y resguardo de servicios esenciales, siempre que se declare previamente el Estado de Emergencia.

Según el documento publicado en el diario oficial El Peruano, las FF.AA. podrán intervenir cuando la capacidad de la Policía se vea superada o exista un riesgo inminente de que eso ocurra. De esta forma, se refuerza su papel en la protección de instalaciones estratégicas y el control del orden interno, especialmente en zonas donde la criminalidad ha escalado en los últimos años.

El Poder Ejecutivo tiene ahora un plazo de 60 días hábiles para adecuar el reglamento del Decreto Legislativo 1095 a las nuevas disposiciones. Expertos en derechos humanos han expresado preocupación por una posible militarización de la seguridad pública, especialmente en contextos donde no siempre queda clara la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Cabe recordar que a inicios de abril, el Ejecutivo promulgó una ley que autoriza a los agentes de la Policía Nacional a hacer uso de sus armas de fuego en casos de flagrante delito. La presidenta Boluarte defendió esta medida señalando que “la democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen”, y aseguró que se trata de una herramienta clave para fortalecer la autoridad policial.

“No más leyes que prioricen la vida del delincuente por encima de la del policía”, enfatizó la mandataria, marcando así una línea dura en su discurso frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, que han cobrado protagonismo en la agenda nacional.

Mientras tanto, colectivos de derechos humanos, juristas y organizaciones civiles han exigido claridad en la reglamentación para evitar excesos y garantizar que el uso de la fuerza se aplique con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.