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La violencia y la extorsión, que durante años azotaron a las empresas de transporte tradicional como El Chino, Vpusa o Eusa —que recorren Lima Norte, Lima Sur y el Centro—, ahora avanzan hacia un terreno que parecía intocable: el transporte formal. El reciente ataque a un bus del Corredor Rojo en Ate es una señal alarmante de que la delincuencia pretende expandir su hegemonía a los corredores complementarios.

El ataque ocurrió la madrugada del viernes, cuando dos extorsionadores a bordo de una motocicleta dispararon contra un bus en pleno recorrido, luego de que el conductor se negara a recibir un paquete. Aunque no hubo víctimas fatales ni heridos, el mensaje de los delincuentes fue claro: el transporte formal también está en la mira. Expertos advierten que este podría ser el inicio de una ola de extorsiones a las empresas concesionadas por el Estado.

El abogado y especialista en temas viales, Luis Quispe Candia, advierte que la delincuencia ha perdido todo respeto por la autoridad y la vida humana. Señala que la falta de cámaras de seguridad y el fracaso del estado de emergencia decretado por el Gobierno han dejado a los corredores vulnerables. “Se siguen cometiendo los mismos delitos, y cada vez de forma más gravosa”, aseguró en diálogo con Correo.

Desde los Corredores Complementarios, la preocupación es evidente. Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, adelantó que los operadores anunciarán medidas esta semana si el Gobierno no presenta acciones concretas. "Queremos ver qué va a hacer el Gobierno. Si no, sacaremos un pronunciamiento conjunto", advirtió, lamentando que la inseguridad ya haya invadido hasta el transporte formal.

Aunque la Policía prometió reforzar la seguridad en los paraderos y en los propios buses del Corredor Rojo, la presencia de efectivos es mínima y no cubre puntos clave como Aviación o el trébol de Javier Prado. El coronel Henry Chingay reconoció la limitación de personal y admitió que no se puede garantizar la seguridad en todas las unidades.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie, que depende de estos servicios para movilizarse, es el más afectado. Sin acciones firmes ni medidas preventivas reales, el transporte público formal corre el riesgo de convertirse en un nuevo botín para las mafias, mientras la autoridad sigue mirando hacia otro lado.