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La presidenta Dina Boluarte aceptó este miércoles la renuncia irrevocable de Gustavo Adrianzén al cargo de presidente del Consejo de Ministros, así como la de todos los integrantes de su gabinete. La decisión marca un punto de quiebre en el Ejecutivo, en medio de una creciente tensión política y social.

Adrianzén enfrentaba cuatro mociones de censura en el Congreso, impulsadas por diversas bancadas que cuestionaban su falta de liderazgo frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país. La gota que colmó el vaso fue la masacre de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, lo que desató duras críticas hacia el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la mandataria tomó la decisión tras evaluar el impacto político de mantener a un premier con escaso respaldo en el Parlamento. La renuncia masiva de los ministros se da en un contexto de incertidumbre y presiona a Boluarte a reorganizar su equipo en tiempo récord.

El anuncio se da solo horas después de que trascendieran cambios inesperados en algunas carteras, como Transportes y Cultura, lo que ya hacía prever un remezón mayor en el gabinete. La confirmación llegó poco antes del mediodía, a través de un comunicado oficial de Palacio de Gobierno.

Ahora, Boluarte designó como nuevo presidente del Consejo de Ministros a Eduardo Arana Ysa, quien hasta hoy se desempeñaba como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su nombramiento busca calmar las tensiones con el Congreso y proyectar una imagen de estabilidad tras la abrupta salida de Adrianzén.

Arana, abogado de profesión, ya había sido voceado en anteriores ocasiones para asumir la PCM. Su perfil técnico y su experiencia en temas legales fueron determinantes para que Boluarte le confiara la conducción del nuevo gabinete, que deberá ser anunciado en las próximas horas. La expectativa está puesta en si optará por mantener a algunos ministros salientes o renovará completamente el equipo.

Desde el Congreso, las primeras reacciones al nombramiento de Arana han sido mesuradas. Si bien algunas bancadas saludan su designación como una apuesta por el diálogo, otras advierten que el verdadero reto será su capacidad para enfrentar la inseguridad, principal demanda ciudadana, y mantener una relación fluida con el Legislativo.