Un reportaje periodístico reveló que la Mesa Directiva del Congreso de la República viene contratando personal bajo una modalidad que elude los concursos públicos, los requisitos académicos e incluso los topes salariales. Esta práctica se ampara en un acuerdo aprobado en diciembre de 2022 y que continúa vigente hasta hoy.
Según la investigación, en los nueve meses de gestión del actual primer vicepresidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se habrían desembolsado más de S/ 3.5 millones en sueldos para trabajadores contratados de manera directa, sin transparencia ni verificación técnica de su idoneidad para los cargos.
Este esquema —cuya legalidad está en entredicho— permite que el personal de confianza o administrativo sea designado sin una evaluación de méritos, títulos académicos o experiencia comprobada. De hecho, varios de los contratados no cuentan con estudios universitarios concluidos ni trayectoria profesional relevante para las funciones asignadas.
El acuerdo de la Mesa Directiva fue aprobado inicialmente bajo la presidencia de José Williams Zapata (Avanza País) y ha sido mantenido y aplicado por sus sucesores. Expertos en derecho administrativo señalan que esta modalidad vulnera los principios de meritocracia y acceso igualitario al empleo público, establecidos por la Ley Servir y otras normas del sector estatal.
El reportaje también expone que, en algunos casos, los sueldos superan los S/ 12 mil mensuales, pese a que no hay evidencia de funciones específicas o resultados de gestión. Además, varios de los trabajadores beneficiados con estas contrataciones tendrían vínculos familiares o políticos con congresistas de distintas bancadas.
Organizaciones como Proética y la Contraloría General de la República han exigido que se investigue este uso discrecional de recursos públicos y que se retomen los procesos de selección basados en méritos. El Congreso, sin embargo, no ha emitido una respuesta oficial sobre la continuidad de este acuerdo.
En un contexto de baja aprobación ciudadana hacia el Parlamento, este nuevo escándalo alimenta las críticas sobre el manejo opaco y clientelista del aparato legislativo. La ciudadanía y diversas voces del sector académico han pedido que se transparente toda la planilla y se revise a fondo este tipo de contrataciones.
Copyright © Copyright 2021