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Dos agentes de la Policía Nacional fueron condenados a más de 4 años de cárcel por exigir una coima de 500 soles a un conductor, usando como pretexto una prueba de alcoholemia falsa. Reconocieron el delito ante el Ministerio Público. Policías corruptos: van a prisión por coima de S/500
Friday, 27 Jun 2025 11:26 am
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Dos miembros de la Policía Nacional del Perú han sido condenados a más de cuatro años de prisión efectiva tras aceptar que exigieron una coima de 500 soles a un conductor. El hecho ocurrió luego de que los efectivos manipularan los resultados de una prueba de alcoholemia, presentando un falso positivo como excusa para extorsionar al ciudadano.

 

El Ministerio Público confirmó que ambos agentes fueron hallados culpables del delito de concusión, que consiste en aprovechar el cargo público para exigir indebidamente dinero. A través de su cuenta oficial en la red social ‘X’ (antes Twitter), la institución señaló que la sentencia también alcanzó a una civil involucrada en el acto ilícito.

 

De acuerdo con la investigación fiscal, los policías interceptaron al conductor bajo la sospecha de manejar en estado de ebriedad. Luego de someterlo a una prueba de alcoholemia presuntamente alterada, le exigieron el pago de S/500 para "ayudarlo" a evitar consecuencias legales. Los implicados confesaron el delito ante la contundencia de las pruebas.

 

El caso ha generado indignación en la opinión pública, al tratarse de un nuevo escándalo de corrupción dentro de las filas de la Policía Nacional. La ciudadanía exige medidas más estrictas para combatir estas prácticas que minan la confianza en las instituciones del Estado.

 

La condena impuesta no solo implica pena privativa de libertad, sino también la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La decisión del Poder Judicial ha sido tomada como un precedente importante para enfrentar casos similares en todo el país.

 

El Ministerio del Interior aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que en las próximas horas anuncie medidas disciplinarias adicionales. Mientras tanto, el proceso judicial continúa para determinar la reparación civil que deberán pagar los condenados al Estado.