La presidenta de la República, Dina Boluarte, no solo duplicó su sueldo recientemente, sino que también tiene a su disposición una tarjeta institucional con un saldo mensual de S/5.000 para cubrir sus gastos de alimentación. Este beneficio ha generado nuevas críticas sobre el manejo de los recursos públicos en Palacio de Gobierno.
El uso de esta tarjeta se encuentra regulado por un sistema cerrado que impide los retiros en efectivo. Sin embargo, si el saldo mensual se agota antes de fin de mes, la dependencia correspondiente puede gestionar una recarga adicional de fondos previa solicitud formal.
Este beneficio se suma al cuestionado incremento de su salario presidencial, que pasó de S/16.000 a más de S/35.000 mensuales, bajo el argumento de una "nivelación remunerativa" con otros altos funcionarios del Estado. La medida ha sido criticada por diversos sectores, especialmente en un contexto de baja aprobación y crisis económica.
El portal de transparencia del Estado señala que este tipo de tarjetas son de uso institucional y están destinadas a cubrir necesidades operativas, aunque en el caso de la jefa de Estado, su uso ha sido interpretado como un privilegio adicional sin suficiente justificación pública.
La Comisión de Fiscalización del Congreso ya solicitó a Boluarte que acuda al Pleno para explicar los fundamentos legales y técnicos del aumento salarial. No se descarta que también se le pidan detalles sobre el uso de la tarjeta de alimentación y si otros altos funcionarios gozan de este beneficio.
El tema ha provocado fuertes reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan el contraste entre los altos beneficios del Ejecutivo y las limitaciones económicas que enfrentan miles de peruanos, especialmente maestros, médicos y personal del sector público con sueldos congelados desde hace años.
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