El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este lunes la apertura de un proceso disciplinario contra Betssy Chávez por negarse a ser trasladada al penal de Barbadillo, donde debía asistir a una diligencia judicial programada. La exprimera ministra permanece interna en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde también ha iniciado una huelga de hambre.
Según informó el INPE, Chávez se opuso al traslado pese a las medidas de seguridad dispuestas. La institución detalló que este tipo de acciones infringen el reglamento penitenciario, motivo por el cual se ha iniciado un procedimiento interno para evaluar posibles sanciones.
La exjefa del gabinete, por su parte, justificó su decisión alegando que antes deben atenderse sus denuncias sobre graves irregularidades dentro del penal. Acusó la existencia de chantajes sexuales, cobros indebidos y favoritismos entre internas, hechos que —afirma— ha puesto en conocimiento de las autoridades sin recibir respuesta.
La huelga de hambre que Chávez sostiene desde hace varios días busca visibilizar esas denuncias, que incluyen presuntos intentos de silenciarla a cambio de favores o beneficios penitenciarios. “No me prestaré a una justicia selectiva mientras se ignoran los abusos dentro de estos muros”, habría dicho a sus abogados.
Este nuevo episodio agrava la situación de la exprimera ministra, quien enfrenta cargos por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La defensa de Chávez ha solicitado garantías para su integridad física y una intervención urgente de la Defensoría del Pueblo.
Desde el Congreso, algunas voces ya piden investigar las acusaciones internas en el penal, mientras otros critican la actitud de Chávez y la califican de “estrategia de victimización”. El INPE, por su parte, ha asegurado que actuará conforme al reglamento y sin distinciones.
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