El distrito más poblado del país amaneció con un panorama crítico en materia de transporte público. Empresas como La 50, Santa Catalina, Huáscar y otras anunciaron desde este lunes 29 de septiembre la suspensión de sus servicios debido a la ola de extorsiones y amenazas que vienen recibiendo sus conductores y propietarios.
La medida sorprendió a miles de pasajeros que, desde tempranas horas, buscaban alternativas para trasladarse hacia sus centros de trabajo, colegios y universidades. Las paradas de buses lucieron abarrotadas, mientras que la demanda en el Metro de Lima se incrementó de manera inusual, provocando largas colas y aglomeraciones.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), advirtió que la situación podría agravarse si el Gobierno no implementa acciones concretas para garantizar la seguridad de los transportistas. “Estamos frente a un problema que desborda la capacidad de los empresarios. La vida de los choferes y cobradores está en riesgo”, señaló.
Las denuncias por extorsión no son nuevas en San Juan de Lurigancho, sin embargo, en las últimas semanas se han intensificado con mayor violencia. En varios casos, los delincuentes han dejado amenazas directas, e incluso se han registrado ataques contra unidades en circulación, lo que ha generado miedo entre los transportistas.
Mientras tanto, los usuarios se sienten abandonados. Algunos vecinos expresaron su frustración ante la falta de garantías para un servicio básico como el transporte. “No solo es un tema de incomodidad, es un problema de seguridad ciudadana. Si el Estado no protege a los transportistas, el distrito entero queda paralizado”, reclamó una vecina en la zona de Canto Grande.
La situación en San Juan de Lurigancho plantea un desafío inmediato al Gobierno, que debe atender de manera urgente la crisis de seguridad que golpea al sector transporte y amenaza con extenderse a otros distritos de Lima Metropolitana.
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