El cierre de la Base Naval responde al vencimiento del convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Marina de Guerra del Perú. Con esta decisión, se pone fin a una etapa de más de tres décadas en la que se mantuvo a los principales cabecillas del terrorismo y personajes vinculados al poder en un centro de máxima seguridad militarizado.
Los reclusos serán trasladados al penal Ancón II, donde, según el INPE, se ha implementado un sistema de estricta vigilancia las 24 horas del día, con protocolos especiales que buscan garantizar el mismo nivel de seguridad que ofrecía la Base Naval.
El caso de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, genera particular atención debido a su historial de fuga y manejo de redes de poder desde prisión. Lo mismo ocurre con Polay Campos, líder del MRTA, y “Artemio”, último cabecilla de Sendero Luminoso en el Huallaga.
Especialistas en seguridad han advertido que el traslado debe realizarse bajo los más altos estándares de control para evitar filtraciones, intentos de fuga o comunicación indebida con el exterior. La medida, además, marca un nuevo capítulo en la política penitenciaria peruana frente a internos considerados de extrema peligrosidad.
El anuncio ha generado debate en la opinión pública: mientras algunos celebran el cierre de un penal militar cuestionado por su opacidad, otros temen que el cambio represente un riesgo para la seguridad nacional.
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