El Poder Judicial evaluará este martes el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses formulado por el Ministerio Público contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de funciones durante su gestión en Palacio de Gobierno.
La audiencia, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se desarrollará de manera virtual y contará con la participación del fiscal supremo Hernán Mendoza, quien sustentará la necesidad de la medida argumentando riesgo de fuga y obstaculización del proceso penal.
Según la tesis fiscal, Boluarte habría incrementado su patrimonio sin justificación entre 2021 y 2024, periodo en el que ejerció diversos cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. Las pesquisas se centran, principalmente, en los depósitos bancarios y bienes adquiridos por la exmandataria y personas de su entorno más cercano.
El Ministerio Público considera que el impedimento de salida del país es necesario para asegurar la presencia de la investigada durante todo el proceso judicial, mientras se continúan recopilando pruebas documentales y testimoniales. De aprobarse, la medida impediría que Boluarte abandone el territorio nacional hasta octubre de 2028.
Por su parte, la defensa legal de la exjefa de Estado ha solicitado al juzgado declarar infundado el pedido, alegando que su patrocinada “ha colaborado con todas las diligencias fiscales y no tiene intención de evadir la justicia”. Además, sostiene que la investigación aún no presenta pruebas concluyentes sobre los presuntos actos ilícitos.
La resolución del Poder Judicial será clave para definir los próximos pasos en el caso, que ha generado amplia expectativa política y mediática, especialmente tras la reciente vacancia de Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República.
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