El presidente José Jerí sorprendió al anunciar que su gobierno proyecta la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de una reforma integral del sistema carcelario. El mandatario aseguró que esta medida forma parte del paquete de facultades legislativas que solicitó al Congreso, y que busca dejar “las cosas encaminadas” antes de finalizar su mandato.
Jerí respondió así a las críticas por la extensión del estado de emergencia y por los problemas persistentes en penales del país. Señaló que el INPE, tal como funciona hoy, “ya no es capaz de enfrentar el control criminal” que operan organizaciones desde las cárceles, y por ello se requiere un cambio profundo y estructural.
Según explicó, su propuesta contempla reemplazar al INPE por una entidad con mayores estándares de seguridad, protocolos modernos y supervisión externa permanente. Aunque no ofreció detalles completos, adelantó que el proyecto incluye nuevas reglas para personal penitenciario, tecnología de vigilancia reforzada y un modelo de gestión distinto al actual.
El mandatario sostuvo que la reforma debe ejecutarse “lo antes posible”, debido a que las mafias continúan usando los penales como centros de operaciones. “No podemos seguir parchando un sistema colapsado”, afirmó al defender su solicitud de facultades.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en sectores políticos y jurídicos, que advirtieron que desaparecer el INPE podría implicar un proceso largo y legalmente complejo. Otros, en cambio, respaldaron la idea ante la evidente incapacidad del sistema penitenciario para contener el crimen organizado.
Mientras tanto, el Congreso deberá evaluar si otorga o no las facultades legislativas solicitadas. Jerí insistió en que su objetivo no es solo reformar, sino reemplazar por completo el modelo penitenciario vigente, asegurando que una transformación de este calibre “es la única salida para recuperar el control del Estado en las cárceles”.
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