El candidato presidencial César Acuña presentó una querella contra su contendor Fernando Olivera, exigiendo el pago de 20 millones de soles como reparación civil tras las acusaciones realizadas durante el reciente debate presidencial.
Según el líder de Alianza para el Progreso, Olivera le habría atribuido hechos delictivos sin pruebas, lo que —afirma— constituye una grave afectación a su honor, imagen pública y trayectoria política frente a millones de ciudadanos que siguieron el evento electoral.
La querella se sustenta en declaraciones emitidas durante el debate, donde Olivera lanzó cuestionamientos directos sobre presuntos vínculos irregulares y el manejo de instituciones relacionadas con Acuña. El equipo legal del candidato sostiene que dichas afirmaciones fueron difamatorias y excedieron el marco del debate político.
Por su parte, Fernando Olivera ha defendido sus declaraciones señalando que forman parte del ejercicio democrático y del derecho a fiscalizar a figuras públicas, especialmente en el contexto de una campaña electoral donde los candidatos exponen cuestionamientos entre sí.
Especialistas en derecho electoral señalan que este tipo de procesos suele generar un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor, especialmente cuando las acusaciones se realizan en escenarios públicos y televisados.
El caso podría convertirse en uno de los enfrentamientos legales más mediáticos de la campaña presidencial, ya que el Poder Judicial deberá evaluar si las expresiones vertidas durante el debate constituyen difamación o están amparadas dentro del discurso político propio de un proceso electoral.
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