El exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, asumió oficialmente la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, una decisión que ha generado intensas reacciones en el ámbito político y jurídico del país.
Tras confirmar su incorporación al equipo legal, Pérez sostuvo que Castillo se encuentra “secuestrado” y lo calificó como un “preso político”, declaraciones que rápidamente encendieron el debate público debido al perfil del abogado y su anterior rol dentro del Ministerio Público.
El exmagistrado fue una de las figuras más visibles en investigaciones anticorrupción de alto impacto, por lo que su cambio de posición hacia la defensa del exmandatario ha sido interpretado por distintos sectores como un giro significativo dentro del escenario político nacional.
Diversos penalistas consultados advirtieron que las afirmaciones realizadas podrían reflejar una postura política más que jurídica, señalando que el proceso contra Castillo responde a decisiones judiciales adoptadas dentro del marco constitucional.
Otros especialistas, sin embargo, señalan que cualquier investigado tiene derecho a elegir libremente su defensa y que la participación de un abogado con experiencia en casos complejos podría influir en la estrategia legal del exjefe de Estado.
La incorporación de Pérez ocurre en un contexto de alta polarización política, donde el caso Castillo continúa siendo uno de los temas más sensibles del debate nacional, especialmente en medio de la campaña electoral.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y se espera que la nueva defensa plantee recursos y estrategias que podrían reconfigurar el rumbo del caso en las próximas semanas.
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