El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días, con el objetivo de emitir decretos legislativos en materias como seguridad ciudadana, defensa, desarrollo productivo, empleo, apoyo a emprendedores y reforma del Estado. La propuesta fue analizada durante la primera sesión del Consejo de Ministros del nuevo gobierno y será debatida inicialmente en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley plantea otorgar al Ejecutivo competencias para legislar en temas de seguridad ciudadana, militar, policial, penal, procesal penal y de ejecución de penas. Entre las principales medidas figura la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman la administración de los establecimientos penitenciarios, una iniciativa que ya formaba parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Asimismo, propone reducir el número de feriados no laborables con el argumento de incrementar la productividad.
En materia laboral y tributaria, el Ejecutivo busca regular aspectos como la jornada de trabajo, los aportes a EsSalud, AFP y ONP, además de las gratificaciones y vacaciones, promoviendo una mayor flexibilidad mediante acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores. También plantea modificar el régimen de extinción de contratos para flexibilizar los despidos por causas objetivas y crear un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales crecientes.
Otro de los ejes del pedido es la reforma del Estado. El Gobierno solicita facultades para crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración pública. Además, el Consejo de Ministros evalúa declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y promover reformas en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Si bien durante su Mensaje a la Nación la presidenta adelantó que solicitaría facultades para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, el proyecto presentado concentra principalmente las medidas en seguridad interna, sistema penitenciario, mercado laboral, régimen tributario y reorganización del aparato estatal.
El procedimiento para la delegación de facultades comenzará en la Cámara de Diputados, que debatirá la iniciativa del Ejecutivo. Si obtiene el respaldo necesario, el proyecto pasará al Senado como cámara revisora, donde podrá ser aprobado, modificado o rechazado antes de su promulgación.
Una vez otorgadas las facultades, el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos dentro del plazo autorizado. Cada norma deberá remitirse al Senado en un máximo de tres días después de su publicación y será revisada por la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, encargada de verificar que los decretos respeten la Constitución y no excedan las competencias delegadas por el Congreso.
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