El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos y ordenó el archivo definitivo del proceso penal relacionado con los presuntos aportes ilícitos recibidos durante sus campañas electorales de 2006 y 2011.
La decisión deja sin efecto la sentencia emitida en abril de 2025, que responsabilizaba a Humala por el presunto ingreso de dinero de origen ilícito proveniente del gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales.
Con este fallo, el máximo intérprete de la Constitución acogió la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exmandatario, al considerar que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales relacionados con las garantías del debido proceso.
La resolución también dispone el archivamiento definitivo del caso, por lo que el proceso penal no podrá continuar ni volver a ser juzgado por los mismos hechos, cerrando uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de los últimos años.
Durante la audiencia ante el TC, la defensa de Humala sostuvo que su caso debía recibir el mismo tratamiento que el denominado caso Cócteles, en el que el propio Tribunal anuló el proceso seguido contra Keiko Fujimori por presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento de campañas.
Por su parte, el Ministerio Público y la Procuraduría habían solicitado declarar improcedente el recurso, argumentando que existían diferencias jurídicas entre ambos procesos y que la condena contra Humala aún se encontraba en etapa de apelación.
La decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo precedente en los procesos relacionados con el financiamiento de organizaciones políticas y reabre el debate sobre los criterios utilizados para investigar y sancionar el presunto lavado de activos en campañas electorales.
Con este fallo, Ollanta Humala recupera su libertad y queda sin efecto la condena que lo mantenía en prisión, mientras que el caso queda definitivamente archivado por mandato del Tribunal Constitucional.
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