Limay Perú - Portal de Noticias de Lima Norte

El plan presentado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para enfrentar la crisis penitenciaria generó cuestionamientos de exministros y especialistas. Una de las propuestas que más llamó la atención plantea trasladar a internos condenados por delitos de menor peligrosidad a cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentren en desuso, mientras se implementan nuevos espacios de reclusión.

Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, Galarreta explicó que estas instalaciones podrían ser acondicionadas mediante convenios. La propuesta también contempla reforzar los controles de seguridad en los penales con arcos detectores y solicitar una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa de los establecimientos penitenciarios.

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés consideró que ampliar la infraestructura puede ayudar a reducir el hacinamiento, pero advirtió que no sería una solución inmediata. Señaló que acondicionar un cuartel requiere un proceso previo y que cualquier traslado debe respetar los derechos de los internos. Además, sostuvo que se necesita una reforma penitenciaria integral.

Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró viable la utilización de cuarteles para internos de baja peligrosidad, aunque advirtió que el proceso podría tomar hasta dos años, debido a que las instalaciones tendrían que ser transferidas al INPE y posteriormente acondicionadas. Sin embargo, rechazó que personal militar asuma la custodia de los penales.

En la misma línea, el exministro Carlos Basombrío cuestionó el papel que el Gobierno pretende asignar a las Fuerzas Armadas. Sostuvo que existe una percepción equivocada sobre la disponibilidad de efectivos militares, debido a que las FF. AA. tienen responsabilidades propias vinculadas con la seguridad nacional.

Otro anuncio cuestionado fue la instalación de detectores de metales para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles. Valdés y Basombrío coincidieron en que la tecnología puede fortalecer los controles y plantearon incluso evaluar la participación de empresas privadas especializadas en este tipo de servicios.

Así, el plan de Galarreta abre un nuevo debate sobre cómo enfrentar el hacinamiento y la crisis penitenciaria. Mientras el Gobierno apuesta por medidas de corto plazo, sus críticos advierten que los problemas de infraestructura, presupuesto y seguridad requieren una reforma de mayor alcance. Especialmente polémica resulta la participación que se pretende dar a las Fuerzas Armadas en los establecimientos penitenciarios