La disputa entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Estado peruano por las facultades de supervisión de Ositrán llegará al Tribunal Constitucional. El Poder Judicial admitió el recurso presentado por la empresa operadora del megapuerto de Chancay, abriendo una nueva etapa en una controversia que podría tener importantes consecuencias para el sector portuario.
El conflicto gira en torno a las atribuciones que tiene Ositrán para supervisar y fiscalizar una infraestructura desarrollada mediante inversión privada. La empresa cuestiona que el organismo regulador pueda ejercer determinadas facultades sobre el terminal, mientras que desde el Estado se defiende la necesidad de mantener mecanismos de control.
En medio de esta disputa, un exministro de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por las posibles consecuencias diplomáticas y económicas que podría generar el enfrentamiento con una empresa de capitales chinos. El exfuncionario consideró necesario preservar la relación con China, pero sin renunciar a las atribuciones que corresponden al Estado peruano.
La controversia adquiere mayor relevancia por el peso estratégico del megapuerto de Chancay, considerado uno de los principales proyectos de infraestructura del país y una pieza clave para fortalecer la conexión comercial del Perú con los mercados asiáticos.
La posición de quienes defienden la fiscalización de Ositrán es que la inversión privada no elimina las responsabilidades del Estado como garante del cumplimiento de las normas y de la adecuada prestación de los servicios vinculados a la infraestructura pública concesionada.
Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de evaluar el caso y determinar los alcances de las facultades de Ositrán. Su decisión podría establecer un criterio que vaya más allá de Chancay y convertirse en un precedente para otros proyectos de infraestructura desarrollados mediante inversión privada.
Mientras el proceso avanza, la controversia mantiene la atención sobre la relación entre inversión extranjera, regulación estatal y soberanía económica. El desenlace será clave para determinar cómo se fiscalizarán en el futuro grandes proyectos privados considerados estratégicos para el desarrollo y comercio exterior del Perú.
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