El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que su sector modificará la normativa de convivencia escolar para permitir que los colegios puedan volver a separar definitivamente a estudiantes en determinados casos graves, una posibilidad que actualmente se encuentra fuertemente restringida.
Chang sostuvo que las reglas vigentes, orientadas a garantizar la continuidad educativa incluso de estudiantes involucrados en hechos de violencia, terminaron generando un efecto contrario al esperado. Según su posición, impedir la expulsión “ha relajado la disciplina” dentro de las instituciones educativas.
El anuncio se produce después de la grave denuncia registrada en el Liceo Naval Almirante Guise, donde diez estudiantes son investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El caso abrió un fuerte debate entre padres de familia, autoridades y especialistas sobre las medidas que pueden aplicar actualmente los colegios.
La normativa vigente prioriza que tanto la víctima como el estudiante señalado como agresor puedan mantener la continuidad del servicio educativo. El Decreto Supremo N.° 004-2018-Minedu establece protocolos de convivencia escolar y no contempla la expulsión como una sanción ordinaria frente a hechos de violencia entre estudiantes.
Precisamente por ello, los alumnos investigados en el caso del Liceo Naval no regresarían presencialmente al plantel mientras avanzan las pesquisas, pero continuarían recibiendo clases de manera remota. La medida busca proteger al estudiante afectado sin interrumpir automáticamente el derecho a la educación de los demás involucrados.
El ministro también ha señalado que el caso evidencia una pérdida de autoridad dentro de las escuelas y ha cuestionado la actuación de los adultos responsables del grupo durante el traslado en el que habría ocurrido la presunta agresión. Para Chang, la disciplina deberá volver a ocupar un lugar central dentro de la gestión educativa.
La futura modificación deberá precisar en qué situaciones podrá aplicarse una separación definitiva, qué procedimiento deberá seguirse y qué garantías tendrán los estudiantes, ya que cualquier sanción tendrá que respetar el debido proceso y el derecho a la educación.
El anuncio abre así una nueva discusión nacional: cómo sancionar con mayor firmeza los casos graves de violencia sin dejar a un menor fuera del sistema educativo. El Minedu deberá ahora convertir la propuesta en una norma concreta y establecer hasta dónde podrán llegar los colegios cuando un estudiante ponga en riesgo la seguridad de otros.
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