
El caso del Liceo Naval Almirante Guise entró en una nueva etapa judicial. El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público presentara el requerimiento correspondiente tras culminar el periodo de retención en flagrancia. El juzgado consideró necesario mantener a los seis menores bajo esta medida mientras continúan las diligencias del caso.
Los adolescentes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde permanecerán durante el periodo establecido por el Poder Judicial.
En total, diez estudiantes llegaron a estar bajo investigación por los hechos denunciados. Sin embargo, el pedido de internamiento preventivo presentado y aprobado alcanzó a seis de ellos, cuya presunta participación continuará siendo evaluada individualmente por las autoridades.
Paralelamente, otro juzgado de familia dispuso medidas de protección para el adolescente afectado, entre ellas restricciones destinadas a impedir cualquier forma de hostigamiento mediante espacios físicos o redes sociales, además de vigilancia periódica en las inmediaciones de su domicilio.
El caso se originó tras la denuncia de una presunta agresión ocurrida durante el traslado de estudiantes en un bus vinculado a una actividad del colegio. Desde entonces, el Ministerio Público y la Policía vienen recogiendo declaraciones, evaluaciones médico-legales y otros elementos para reconstruir lo sucedido.
Las investigaciones también deberán establecer si existieron alertas previas de acoso o violencia dentro del plantel, luego de que familiares y docentes señalaran públicamente que algunos episodios de hostigamiento habrían sido comunicados con anterioridad.
El internamiento preventivo no constituye una sentencia ni determina responsabilidad definitiva. Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía deberá continuar reuniendo pruebas mientras el Poder Judicial evalúa la situación de cada adolescente investigado y determina las medidas que correspondan conforme avance el proceso.