
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en situación de emergencia y de interés metropolitano la seguridad ciudadana en toda Lima Metropolitana por un periodo de 60 días calendario, ante el impacto de la criminalidad y la necesidad de reforzar las acciones municipales.
La medida fue oficializada mediante la Ordenanza N.° 2856, publicada este domingo 20 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano. La norma establece que durante su vigencia la comuna podrá ejecutar acciones inmediatas destinadas a fortalecer la prevención, el control y la capacidad de respuesta frente a los problemas de inseguridad.
Entre las principales disposiciones aparece el fortalecimiento del serenazgo y de los sistemas de videovigilancia, dos herramientas que la Municipalidad considera fundamentales para ampliar la presencia preventiva y mejorar la detección de hechos delictivos.
La ordenanza también permite adquirir bienes, servicios, consultorías y ejecutar obras necesarias para atender situaciones urgentes relacionadas con seguridad ciudadana. Para determinados casos, la MML podrá utilizar procedimientos de contratación no competitivos bajo la causal de emergencia prevista en la legislación de contrataciones públicas.
Asimismo, la Municipalidad podrá impulsar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas para obtener apoyo logístico, tecnológico y otros recursos. La norma también invoca a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, municipalidades distritales, sector privado, organizaciones civiles y ciudadanía a trabajar de manera coordinada.
Esta declaratoria municipal debe distinguirse del estado de emergencia constitucional dispuesto por el Poder Ejecutivo para Lima y Callao, que desde fines de agosto mantiene a la Policía Nacional a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y contempla restricciones a determinados derechos constitucionales. La Ordenanza 2856, en cambio, se concentra en habilitar y acelerar acciones dentro de las competencias municipales.
La decisión llega en medio de una etapa marcada por extorsiones, sicariato, secuestros y ataques contra transportistas, comerciantes y ciudadanos, delitos que continúan colocando a la seguridad como una de las principales preocupaciones de Lima.
Durante los próximos 60 días, la atención estará puesta en comprobar si la emergencia municipal logra traducirse en más capacidad operativa, mayor vigilancia y resultados concretos en las calles, especialmente en los sectores de la capital con mayor incidencia delictiva.