Momentos de alta tensión se registran en Carabayllo, donde un amplio operativo policial busca ejecutar el desalojo de más de 400 viviendas ubicadas en el sector San Antonio de Torreblanca. La intervención provocó enfrentamientos y resistencia de los residentes, quienes aseguran vivir desde hace más de dos décadas en el lugar.
El operativo comenzó durante la mañana de este miércoles en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado a la altura del kilómetro 23,5 de la carretera Lima-Canta. Cientos de efectivos de la Policía Nacional fueron movilizados y establecieron cordones de seguridad en diferentes accesos.
Ante el avance de las autoridades, grupos de vecinos formaron cadenas humanas y colocaron obstáculos en las vías internas para tratar de impedir el ingreso de los agentes. Durante la protesta también se observaron columnas de humo y el lanzamiento de cohetes en algunos sectores.
Los moradores sostienen que no se consideran invasores y aseguran que adquirieron los predios hace más de 20 años. También cuestionaron la ejecución del desalojo y algunos denunciaron que no habrían sido notificados previamente sobre la diligencia.
El conflicto por el terreno no es reciente. De acuerdo con la información recogida durante el operativo, existe un litigio judicial de aproximadamente siete años y la empresa Total Inmuebles SRL aparece como una de las partes involucradas en el proceso que dio origen a la medida.
Un dirigente vecinal señaló que este sería el décimo intento de desalojo realizado en la zona. Según la versión de los residentes, durante una intervención anterior, realizada en abril de este año, unas 45 viviendas habrían sido retiradas o destruidas.
La tensión aumentó porque algunas familias denunciaron que menores de edad y adultos mayores permanecían dentro de las viviendas, mientras los controles policiales dificultaban el ingreso y salida de personas del sector. La PNP restringió varios accesos para evitar que más ciudadanos se sumaran a la resistencia.
Por el momento, el operativo continúa bajo fuerte presencia policial. El caso deberá seguir resolviéndose en las instancias judiciales correspondientes, mientras los residentes de Torreblanca reclaman ser escuchados y piden una solución al prolongado conflicto por la propiedad de los terrenos.
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