¿Saldrá finalmente de prisión? Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, enfrenta este miércoles 14 de octubre una audiencia decisiva ante el Poder Judicial, en la que se evaluará su pedido para recuperar la libertad y continuar afrontando su proceso penal fuera de la cárcel. El exconductor de televisión permanece recluido en el penal de Lurigancho desde septiembre de 2024, mientras es investigado por presuntos actos de corrupción.
La audiencia fue programada para las 9:30 de la mañana ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. Durante la diligencia, el magistrado deberá evaluar los argumentos presentados por la defensa y las posiciones de las demás partes antes de determinar si corresponde mantener o modificar la prisión preventiva.
La defensa legal de ‘Chibolín’ sostiene que ya no existen razones suficientes para mantenerlo en prisión. Sus abogados argumentan que la investigación preparatoria concluyó y que el Ministerio Público ya presentó una acusación formal, por lo que consideran que las circunstancias que justificaron la prolongación de su encarcelamiento han cambiado.
Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención. Andrés Hurtado presentó una oferta laboral para demostrar que tiene un trabajo asegurado si recupera su libertad. Según el documento entregado al juzgado, una empresa dedicada a la organización de espectáculos se compromete a contratarlo como jefe de Producción, Marketing y Publicidad.
Con esta propuesta, los abogados buscan acreditar que el exconductor cuenta con arraigo laboral y reducir las preocupaciones sobre un posible peligro de fuga. También cuestionan que existan elementos suficientes para sostener un riesgo actual de obstaculización del proceso judicial. Sin embargo, corresponderá al magistrado determinar si estos argumentos justifican modificar la medida restrictiva.
Hurtado recibió inicialmente 18 meses de prisión preventiva, pero en marzo de 2026 la medida fue prolongada por otros 18 meses. La decisión estuvo relacionada con la complejidad de la investigación y los riesgos procesales que las autoridades consideraron existentes. Ahora, su defensa intenta demostrar que esas condiciones han cambiado.
La situación judicial del exconductor continúa siendo delicada. La Fiscalía ha solicitado una condena de 30 años de prisión contra Andrés Hurtado, a quien acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico. El pedido forma parte del denominado caso ‘Barras de Oro’, que también involucra a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta.
Según la tesis del Ministerio Público, Hurtado habría actuado como intermediario entre el empresario Javier Miu Lei y la entonces fiscal Elizabeth Peralta, en una presunta operación destinada a facilitar la devolución de aproximadamente 100 kilos de oro incautados en 2020. La Fiscalía investiga un supuesto pago de un millón de dólares relacionado con estas gestiones. Los hechos forman parte de una acusación que todavía debe ser evaluada por la justicia.
A este panorama se suma otro proceso. El Ministerio Público también ha solicitado ocho meses de prisión preventiva contra ‘Chibolín’ por una investigación distinta relacionada con presunto lavado de activos agravado. Este requerimiento será evaluado en una audiencia programada para el próximo 5 de noviembre, independientemente de la decisión que se adopte en el caso de las barras de oro.
Pero ¿podría salir libre hoy? Legalmente, el juez puede ordenar el cese de la prisión preventiva si determina que nuevos elementos demuestran que ya no subsisten las condiciones que justificaron la medida. Sin embargo, presentar una oferta laboral o haber concluido la investigación no garantiza automáticamente su liberación.
Hasta la última información periodística verificada, el Poder Judicial todavía no había comunicado una resolución definitiva sobre el pedido de libertad de Andrés Hurtado. La audiencia permitirá evaluar su solicitud, pero la decisión podría conocerse posteriormente. Mientras tanto, el exconductor continúa afrontando los procesos penales en su contra y mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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