¡Escándalo dentro de la Policía Nacional! Seis efectivos del Grupo Terna, pertenecientes al Escuadrón Verde de la PNP, fueron detenidos por su presunta participación en el robo de S/6 mil a un comerciante del distrito de Los Olivos. La intervención se realizó el sábado 17 de octubre, luego de que el agraviado denunciara que los agentes habrían ingresado a su establecimiento comercial para sustraer el dinero.
De acuerdo con la denuncia, los policías habrían acudido al negocio el viernes 16 de octubre y retirado S/6 mil en efectivo sin autorización del propietario. El comerciante también aseguró que recibió amenazas de los intervenidos, quienes supuestamente le advirtieron que regresarían al día siguiente para llevarse parte de la mercadería de su establecimiento.
Ante esta situación, el agraviado decidió presentar una denuncia que permitió organizar un operativo policial y fiscal para intervenir a los sospechosos. La diligencia estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, personal de Inteligencia del Ministerio del Interior y representantes del Ministerio Público.
La intervención se desarrolló en las inmediaciones de la avenida Antúnez de Mayolo, cerca del mercado Covida, en Los Olivos. Según los reportes preliminares, los seis efectivos fueron detenidos cuando presuntamente regresaban para cumplir las amenazas realizadas al comerciante. Las autoridades señalaron que la actuación se produjo bajo circunstancias de presunta flagrancia.
Pero los hallazgos durante el operativo también llamaron la atención. En los vehículos utilizados por los intervenidos se encontraron armas de fuego, chalecos, identificaciones policiales y varias placas de rodaje. Uno de los automóviles circulaba sin placa visible, mientras que en la maletera de otra unidad se hallaron dos placas adicionales cuya procedencia deberá ser esclarecida.
Durante la inspección vehicular, las autoridades aplicaron pruebas con reactivos que arrojaron resultados positivos en varios asientos de uno de los automóviles. Estos elementos fueron incorporados a las diligencias para establecer su posible relación con el dinero denunciado como sustraído y determinar qué participación habría tenido cada uno de los investigados.
Los seis intervenidos pertenecían a unidades vinculadas con la Dirección de Inteligencia y el Escuadrón Verde-Terna y se encontraban en servicio activo al momento de su detención. Tras el operativo, quedaron bajo custodia de la Dirección Contra la Corrupción, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo información para esclarecer los hechos.
El caso también podría alcanzar otras responsabilidades. Las investigaciones preliminares buscan determinar si los agentes participaron únicamente en la presunta sustracción del dinero o si existirían conductas vinculadas con extorsión y otros posibles delitos. Sin embargo, todavía no se ha acreditado que integraran una organización criminal ni que todos hayan desempeñado el mismo papel.
Por su parte, Carlos Orozco Castillo, abogado de uno de los policías detenidos, rechazó las acusaciones contra su defendido y aseguró que actuaba cumpliendo órdenes superiores. El letrado señaló que todavía esperaba conocer formalmente los cargos para ejercer la defensa correspondiente. Su versión deberá ser evaluada junto con los demás elementos de la investigación.
Frente a la controversia, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado anunciando que la Inspectoría General inició las acciones administrativas disciplinarias correspondientes. La institución aseguró que brindará todas las facilidades a las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Asimismo, la PNP dejó en claro que ningún grado, cargo o unidad policial otorga privilegios frente a la ley. La institución sostuvo que cualquier conducta ilícita será investigada incluso cuando involucre a sus propios integrantes y que, de comprobarse responsabilidades, los implicados deberán afrontar las sanciones penales y administrativas correspondientes.
Por ahora, los seis agentes continúan bajo investigación y todavía no existe una sentencia que determine su culpabilidad. El Ministerio Público deberá establecer qué ocurrió realmente en el negocio del comerciante, cuál fue el destino del dinero denunciado y si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra los efectivos policiales.
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