¡Su permanencia en el Congreso está en juego! La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó recomendar la suspensión por 120 días de legislatura del congresista Julián Pérez Mallqui, integrante de Juntos por el Perú, tras declarar fundada una denuncia presentada en su contra por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.
La decisión fue adoptada el lunes 19 de octubre con cinco votos a favor y uno en contra, durante una sesión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras. El informe recomienda que el parlamentario sea separado temporalmente de sus funciones y que se le descuenten sus remuneraciones durante el mismo periodo.
El caso está registrado en el Expediente N.° 001-2026-2027/CEP-CD, que contiene las conclusiones de la investigación desarrollada por la Comisión de Ética. El documento atribuye al legislador conductas que habrían vulnerado los principios de responsabilidad, integridad y justicia, así como los deberes que deben observar los representantes del Parlamento.
La controversia se remonta al 30 de julio de 2026, cuando Pérez Mallqui fue intervenido por la Policía Nacional tras una presunta agresión contra su expareja en una comisaría del distrito de San Miguel. El episodio ocurrió poco después de que el legislador asumiera sus funciones y dio origen a cuestionamientos sobre su conducta.
De acuerdo con información publicada por El Comercio, el informe de Ética señala que el diputado realizó 47 llamadas a su expareja, acudió a su domicilio sin autorización y le habría pedido que desistiera de las denuncias presentadas en su contra. Estos hechos fueron considerados por la comisión durante la evaluación de la presunta infracción parlamentaria.
Otro elemento relevante es un certificado médico legal que registró lesiones traumáticas recientes en la denunciante, entre ellas hematomas y marcas de presión en diferentes partes del cuerpo. El informe médico forma parte de los elementos examinados, aunque la responsabilidad penal del parlamentario deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Durante la votación, los representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras respaldaron la recomendación de suspensión. En cambio, la representante de Juntos por el Perú votó en contra, al considerar que todavía existe una investigación en desarrollo contra el legislador.
Pero los cuestionamientos contra Pérez Mallqui no terminan allí. La Comisión de Ética también aprobó iniciar una segunda investigación por la presunta contratación de una trabajadora con quien el diputado mantendría una relación sentimental. Este nuevo procedimiento, registrado en el Expediente N.° 005-2026-2027/CEP-CD, fue declarado procedente por unanimidad, con seis votos a favor.
La recomendación de suspenderlo durante 120 días constituye una de las medidas disciplinarias más severas contempladas para los parlamentarios. Según las conclusiones del informe, la conducta atribuida al investigado habría afectado la imagen institucional del Congreso y vulnerado las obligaciones relacionadas con la dignidad de su cargo.
Sin embargo, Julián Pérez Mallqui todavía no ha sido suspendido oficialmente. El informe aprobado deberá ser remitido al Pleno de la Cámara de Diputados, instancia que evaluará el documento y determinará si corresponde aplicar la sanción propuesta. Hasta que se produzca esa decisión, la recomendación no constituye una suspensión ejecutada.
En paralelo, el Ministerio Público mantiene una investigación contra el legislador por presuntas agresiones contra una mujer o integrantes del grupo familiar. Este procedimiento es independiente de la evaluación ética parlamentaria y deberá establecer si existen responsabilidades penales por los hechos denunciados.
La decisión final queda ahora en manos del Pleno de la Cámara de Diputados, que tendrá que pronunciarse sobre los 120 días de suspensión y el descuento de haberes. Mientras tanto, el diputado de Juntos por el Perú continúa sujeto a los procedimientos correspondientes, conservando su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia en la investigación penal.
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