
¡Terremoto en el penal de Barbadillo! El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) removió de su cargo a Calixto Lucero Rodríguez, director del establecimiento penitenciario donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo, luego de que una investigación periodística revelara presuntos vínculos entre familiares de los agentes encargados de su custodia y contrataciones realizadas en el Congreso de la República.
La decisión fue anunciada la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 y se formalizó mediante la Resolución Presidencial N.º 706-2026-INPE/P. El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Abraham Lescano Salazar, dispuso la salida del funcionario y encargó temporalmente la dirección del penal a Claudio Lino Andia Nina, con el objetivo de garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del recinto.
¿Qué desató el escándalo? Un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del entonces director de Barbadillo, fue contratada como personal técnico en el despacho de la congresista Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, con una remuneración mensual de S/ 8.300. El vínculo generó cuestionamientos por la relación política entre la agrupación parlamentaria y el entorno del expresidente Pedro Castillo, cuya seguridad estaba bajo responsabilidad del funcionario penitenciario.
Pero el caso no terminó allí. La investigación también identificó la contratación de Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente penitenciario Juan Ramón Hurtado Barrenechea, como trabajador técnico de la bancada de Juntos por el Perú, con un sueldo mensual de S/ 8.000. Asimismo, se conoció que Héctor Sandoval Moreno, exdirector de Barbadillo, fue incorporado como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, lo que amplió los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.
Ante estas revelaciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, confirmó la rotación inmediata del director del penal. El funcionario explicó que la custodia de una persona privada de libertad debe mantenerse libre de interferencias y vínculos que puedan comprometer su imparcialidad. No obstante, aclaró que la remoción de la dirección constituye una medida preventiva y no una destitución definitiva del INPE, pues cualquier sanción posterior deberá seguir el procedimiento disciplinario correspondiente.
¡Habrá más cambios en Barbadillo! El ministro anunció que se buscará designar durante esta semana a un militar en situación de retiro con experiencia en seguridad e inteligencia para asumir la conducción del establecimiento penitenciario. La medida busca reforzar los mecanismos de vigilancia y prevenir situaciones que puedan poner en duda la independencia del personal encargado de custodiar al expresidente.
Por su parte, la congresista Azucena Isla negó que Pedro Castillo haya intervenido en la contratación de la hija del exdirector y sostuvo que su incorporación respondió a las necesidades de su despacho. Hasta el momento, las revelaciones periodísticas han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, pero no constituyen por sí solas una prueba de que las contrataciones hayan sido ilegales o de que se otorgaran beneficios indebidos al exmandatario.
Finalmente, el INPE aseguró que continuará adoptando medidas para garantizar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de la ley en sus establecimientos penitenciarios. La salida de Calixto Lucero Rodríguez abre una nueva etapa de revisión de los controles internos en Barbadillo, mientras permanecen pendientes las investigaciones y las eventuales responsabilidades administrativas. El caso pone bajo la lupa los vínculos entre funcionarios penitenciarios, trabajadores del Congreso y personas del entorno de Pedro Castillo.