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Este viernes el Congreso de la República inhabilitó a Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos por diez años. En ese sentido el exmandatario sostuvo que presentó “un recurso de amparo ante el Poder Judicial" y que también presentó "una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH)

Expresidente del TC sostiene que al JNE le corresponde acatar inhabilitación de Vizcarra

“Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial. También se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a presentar todo lo que corresponda y no tenemos ninguna duda de que esta situación se va a revertir”, señaló.

Vizcarra señaló que la decisión del Congreso “no es ninguna sorpresa”. “Ya conocemos el accionar del Congreso que en noviembre del año pasado vacó al presidente generando una tremenda inestabilidad, generando la muerte de dos jóvenes, generando que nuevamente la pandemia cobre fuerzas inusitadas”, refirió.

A su vez, manifestó tiene la confianza de que esta medida se va a revertir en las instancias correspondientes, “tanto en instituciones autónomas nacionales e internacionales”.

“Queda claro que el Congreso que hoy ha tomado esta decisión está deslegitimado. Una institución debe tener legalidad y legitimidad. Legalidad es lo que está establecido en la norma y legitimidad es la que te da el pueblo”, añadió.

Sostuvo, además, que el Congreso, en vez de ponerse a trabajar en función de lo que requieren los peruanos, “trabaja y actúa en función de venganzas de carácter político”.

“Vamos a actuar siempre en función de la legalidad y la legitimidad. Por eso, hoy hemos presentado un nuevo documento al Congreso y, sin embargo, no ha sido acogido”, agregó.

Martín Vizcarra advierte que se defenderá de la inhabilitación en todas las instancias

“¿Puede comprenderse que esta decisión se haya tomado sin escucharnos una sola vez en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Ni una sola vez nos han escuchado”, cuestionó el exmandatario.

“En la Subcomisión y en el Congreso toman decisiones sin el derecho de defensa. Es decir, el ciudadano que está siendo investigado no es escuchado ni una vez”, añadió.