El Gobierno observó el proyecto de ley del Congreso que plantea el control de precios en instituciones privadas, por vulnerar derechos constitucionales, como la iniciativa privada, la libertad de empresa, entre otros.
Como se recuerda, el mencionado proyecto fue aprobado por el parlamento con el objetivo de establecer medidas para garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones públicas y privadas de la educación básica y superior durante una situación de emergencia.
Pero el Ejecutivo consideró que mencionado proyecto de ley contradice los artículos 58 y 59 de la Constitución.
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“En el artículo 9 de la Autógrafa de Ley se establece que el costo de las clases no presenciales no puede ser mayor o igual a las clases presenciales. Ello presupone la imposición de un control de precios injustificado, toda vez que sujeta la determinación de los mismos a un tercero sin ninguna razón que los justifique”, se lee en la observación.
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