[OPINIÓN] Mucho más que una grave crisis de salud pública

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Por: Aníbal Quiroga León, abogado constitucionalista

La pandemia del Covid-19 que nos aqueja con tanta incertidumbre, confinamiento y ansiedad, constituye una real amenaza para el planeta y representa para el Perú mucho más que una gravísima crisis que pone a prueba nuestros servicios de salud pública. Es, también, una crisis constitucional, política, institucional, social y económica.

Con la llegada del 2020, heredamos las apuradas elecciones de un Congreso corto, merced a la disolución discutiblemente constitucional del Parlamento anterior a despecho de la frágil mayoría del Tribunal Constitucional (TC) en su farragosa sentencia y la nominación de nuevos “padres de la patria” nacidos entre el “Síndrome de Estocolmo” y Pigmalión en cuanto a la entrega de las credenciales.

Este recortado Congreso que está dispuesto a darle  confianza al Gabinete del “interregno”, sea quien sea el Premier, y sea cual fuere la composición del Gabinete (donde algunos ministros cayeron solitos al dispararse a los pies, sin Congreso fiscalizador), terminó juramentando literalmente entre gallos y medianoche, y en bloque, ya que por la fecha de las elecciones y la demora del JNE, la pandemia les alcanzó.

Ahora casi no pueden ni sesionar en el Pleno debido a la restricción sanitaria, ni tan siquiera para legislar sobre sus sesiones virtuales o para darle al Ejecutivo las más amplias facultades delegadas ante la actual crisis de salud pública.

Es decir, tenemos un Congreso mocho que, en los hechos, está impedido de funcionar. Por lo tanto, entre disolución, “interregno” y coronavirus, el Ejecutivo seguirá gobernando solo, sin Legislativo, sin oposición, sin contrapesos. Desde el punto de vista político, es la tormenta perfecta para el presidente Vizcarra.

Es verdad que las medidas inicialmente tomadas, han sido acertadas y que nuestros niveles de contagios, segregados, sintomáticos, e internados en UCI con ventilación asistida, son todavía pocos en comparación con otras latitudes, al igual que el número de los lamentables decesos.

Esto ha sido reconocido por todos, pero no nos puede hacer olvidar que con pandemia o sin ella vivimos en una democracia y que las instituciones básicas deben sostenerse esencialmente (como el propio Ejecutivo), y que las tareas de éste deben ser fiscalizadas por la opinión pública y por la oposición.

Nada hay mejor para un político que la gente esté recluida en su casa sin opción ni opinión, angustiada y ansiosa; rehenes de las decisiones de funcionarios que no pueden ser fiscalizados, pero que terminan impacientándose por ello. 

¿Por qué se destituyó en el aire a la ministra de Salud en medio de la severa pandemia si al igual que su sucesor también contaba con una maestría en salud pública? ¿De quién fue la responsabilidad de que el fallecido por el COVID-19, tardíamente diagnosticado, permanezca en su departamento por casi 20 horas sin ser recogido? ¿Por qué el presidente se impacienta cuando un experto, con igual o más pergaminos que su actual Ministro de Salud, contradice públicamente la compra de los rapi-test en sangre para la supuesta detección del contagio, y le acusa de ir de medio en medio, como si esta emergencia a la población nos hubiera quitado el derecho de opinión? ¿Es que acaso todas las medidas son 100% acertadísimas y no susceptibles de ser contradichas?

Y es que el aprovechamiento político de esta pandemia es francamente repugnante. Desde un alcalde distrital, hasta un presidente regional o los noveles congresistas que no acatan el confinamiento obligado -como aquel inefable magistrado del TC, con perrito y seguridad de la PNP incluido-.

Pero lo que resulta francamente obsceno son esas encuestas en medio de la pandemia-confinamiento, sobre todo para un presidente que ha hecho de la ‘encuestitis’ un modo de hacer política.

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